«Todos estamos comprometidos en el desarrollo y progreso de nuestra provincia»

«Todos estamos comprometidos en el desarrollo y progreso de nuestra provincia»

  • Categoría de la entrada:Información Institucional
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Documento presentado ante el Concejo Municipal La Sociedad Rural de Rafaela en relación al proyecto presentado ante el Concejo de la Municipalidad de Rafaela, por los concejales Brenda Vimo, Juan Senn y Jorge Muriel consideran oportuno y necesario precisar, argumentar y corregir ciertos fundamentos que allí se esgrimen.

A saber:

Rafaela es una ciudad con escasísima zona rural por lo que resultaría más adecuado referir a la realidad del Departamento Castellanos en su conjunto, el que ha sido constituido sobre la base de la formación de colonias a cargo de Guillermo Lehmann y Ángela de la Casa de Lehmann, empresa en la que se entregaban en venta concesiones, cuadrados… de tierra… Bajo esta modalidad fue conformado en sus inicios el sector agropecuario de este departamento. Luego, como es natural en el devenir de las familias, los hijos adquirieron nuevas parcelas, vendieron tierras, otros no tuvieron descendencia…. Así sucedieron algunos fenómenos y dinámica de la sociología rural.

Las denominadas “grandes estancias” o “grandes extensiones de campo” no son una realidad de esta zona, porque el origen mismo de las diferentes explotaciones agrícola-lechera-ganadera fueron concesiones a inmigrantes deseosos de trabajar la tierra, no familias de terratenientes que quisieran expandir sus dominios. ¿Este proyecto podría ayudar al pequeño productor?

Es importante considerar que en los Censos Nacionales Agropecuarios de 2002 y de 2018 se registró una pérdida de 84.000 productores (abandonaron la actividad), lo que representa el 25% de la capacidad productiva del sector a nivel nacional. Aquí se pone en evidencia que los programas implementados tanto desde los gobiernos nacionales como provinciales para defender al pequeño productor no sólo no colaboraron sino que terminaron en rotundo fracaso.

En el mundo la producción agropecuaria tiene bajísima rentabilidad sobre el capital invertido. Por eso en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón entre otros, se subsidia al productor, es decir no solo no se le cobran impuestos sino que además le procuran ayudas adicionales. En América latina donde nuestros países tienen la misma realidad mundial de escasas rentabilidades, todos los gobiernos, incluidos los progresistas de Uruguay (José Mujica y Tabaré Vázquez); Chile (Ricardo Lagos y Michelle Bachelet), Bolivia (Evo Morales) y Brasil (Luis Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff), disminuyen los impuestos a los productores agropecuarios (cualquiera sea su extensión de producción).

Insistimos, es interesante comparar lo que ocurre con el pequeño productor en Argentina frente a lo que sucede en Bolivia, Brasil y Uruguay, porque allí, bajo gobiernos progresistas no se registró en estos años una disminución de pequeños productores. En estos países no existen retenciones ni se le quitan recursos bajo la forma de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Lo más apropiado para sostener al pequeño productor es disminuir impuestos, tasas viales, eliminar retenciones y formalizar sus mercados para darle transparencia a sus operaciones y certeza de cobro. Proponer una baja del impuesto inmobiliario al pequeño productor es un anuncio sin impacto considerando su difícil situación económica. Para un productor pequeño, el impuesto inmobiliario es solo el 2% de su costo. Disminuirlo en un 50% parece mucho, pero solo le bajará un 1% el costo y eso seguirá condenándolo a un proceso de deterioro que culmina en su desaparición.

Es necesario realizar un balance serio de la actual política agropecuaria. En Argentina, con ciertos matices, lleva más de 20 años de aplicación y a la luz de los resultados objetivos, debe ser cambiada en forma sustancial. ¿La superrentabilidad del agro? En nuestro país, se parte de una hipótesis que dice que en el campo hay superutilidades. Pero en la realidad de los datos técnicos oficiales se demuestra que este concepto es erróneo. El sector rural argentino ha sido el ámbito económico más transparente de la economía argentina desde mediados de los años 30 cuando se crearon las Juntas de Regulación para evitar la quiebra del sector agropecuario.

Desde aquel momento hasta hoy, el Estado ha analizado los resultados económicos de las explotaciones chicas, medianas y grandes de todo el país. Esta información se sigue procesando y además existen otras que procesan a través de relevamientos e investigaciones diferentes Universidades, Inta y varios Ministerios de Agricultura/Producción de nuestras provincias.

La rentabilidad de la tierra es información oficial dado que los análisis anuales que realizan el Ministerio de Economía de la Nación y el INTA son de carácter público. En todo el mundo la rentabilidad del suelo es baja y ocurre también en nuestro país. Según datos oficiales (Ministerio, INTA, Gobiernos provinciales) en concepto de alquiler del suelo se genera una renta anual sobre el capital de entre el 1% y el 2% anual antes de pagar impuestos a las ganancias.

En este marco no es comprensible hablar de súperentas. No existe ninguna evidencia técnica de fuentes oficiales al respecto. Es inentendible que se replique este concepto sin fundamento sólido. Subir el impuesto inmobiliario hará que el propietario para pagar deba resignarse a no tener renta. El campo tiene una renta natural:

El concepto del impuesto a la tierra libre de mejoras, citado en el proyecto para justificar el aumento, se basa en reconocer que para tener rentabilidad en el campo se necesita invertir trabajo, recursos y tecnología, y castiga al que no invierte. Por tanto es un reconocimiento a que la renta agraria no es una renta natural.

Protección del suelo:

Acordamos en replicar el modelo de protección de EUA: pero debemos hacerlo en forma completa, copiando el modelo de protección de suelos, que se basa en quita de impuestos y subsidios a los productores que lo mejoran con buenas prácticas. Aquí ocurre al revés ya que se denuncia constantemente la pérdida de suelo y para corregirlo se suben los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Por el contrario, en la provincia de Córdoba se premia con una disminución de impuestos a los productores de cualquier tamaño que apliquen prácticas de protección del suelo. Resulta interesante recordar el proyecto de ley del actual Ministro de Agricultura Luis Basterra que fomenta la incorporación de nutrientes en base a baja de impuestos.

Todo lo contrario a la propuesta del proyecto Bussatto que para fomentar la protección del suelo, castiga al propietario con un aumento del impuesto inmobiliario.

La deforestación

Recordamos que el poder de policía a partir de la Ley Nacional de Bosques corresponde a cada una de las provincias. Según el último informe de la reconocida organización internacional Greenpeace, el 80% de la deforestación en Argentina se da en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, donde las administraciones provinciales pertenecen al PJ y son las que han permitido estas tasas de deforestación.

En Santa Fe, este índice es mucho menor, pero la política actual de subir el impuesto inmobiliario impulsa a los productores a desmontar para obtener algo más de extensión para poder sostener alguna rentabilidad. Para defender los bosques hay que incorporar las prácticas probadas en todo el mundo, incentivar a los propietarios con bajas sustanciales de impuestos. Impuestos a la tierra libre de mejoras: en el proyecto Bussatto se cita el antecedente del impuesto a la Tierra Libre de Mejoras.

Este esquema impositivo que es muy estudiado, es interesante, pero hay que explicar que este gravamen funciona al revés de la propuesta Bussatto, que aumenta el impuesto inmobiliario, sin reconocer la mejora en el suelo y solo hace foco en el tamaño de las explotaciones para aumentar el inmobiliario. Al contrario el impuesto a la Tierra Libre de Mejora, castiga con un aumento de impuestos la falta de inversión en mejoras y la no siembra del suelo. Pero en los suelos donde sí se realizan mejoras, se desmontan bajo control y se los asigna a siembra de cultivos, la tasa del impuesto baja en forma sustancial.

Protección general del medio ambiente

 Para sostener mejores prácticas ambientales, en todo el mundo se incentiva su adopción con bajas de impuestos (Proyecto Basterra y otros), salvo en Argentina y en nuestra provincia especialmente donde en defensa del Medio Ambiente se castiga a la producción agropecuaria con un aumento de impuestos.

Quizás lo más llamativo es que nuestro país susbsidie una industria como la del petróleo que está en franca retirada en todo el mundo por su negativo impacto ambiental, la poca capacidad de generación de empleos, y la concentración del poder de sus mega empresas. El año pasado -2019- los argentinos subsidiamos a 6 empresas con más de 1.000 millones de dólares, y este año con “El Barril Criollo”, el monto será aún mayor.

Lamentablemente en nuestra provincia de Santa Fe no se defiende el desarrollo de la industria del biodisel, que es de muchísimo menor impacto ambiental, más económica, genera mayor cantidad de puestos de trabajo y tiene una estructura más atomizada.

Estas posibilidades están siendo ahogadas por las ambiciones de la política petrolera. Las retenciones están “matando” al pequeño productor y las “migajas” de una baja de impuesto inmobiliario resulta un vil engaño.

Debemos también aclarar que las retenciones atentan contra el interior de nuestra provincia.

En 2019 transferimos al tesoro nacional casi 2.800 millones de dólares. Estos recursos si hubieran quedado en la provincia hubieran generado un efecto cascada en la construcción, los servicios y la industria.

Así llegamos al 2020 en Santa Fe… con los mayores indicadores de pobreza desde el año 2002.

Es imprescindible revisar con objetividad estos argumentos. Todos estamos comprometidos en el desarrollo y progreso de nuestra provincia. No permitamos que diferencias ideológicas, de pensamiento o tradición nos desvíen del camino al futuro exitoso y equitativo para todos los santafesinos.